¿Es necesaria una televisión pública en Ecuador?

El cuarto foro sobre el proyecto de televisión pública se realizó en Cuenca. El miércoles 4 de julio, el Salón de la Ciudad fue el marco para analizar y discutir este propósito comunicacional del gobierno del presidente Rafael Correa. Fuimos invitados como panelistas a participar del mismo. Este fue nuestro punto de vista:

Introducción

Estas primeras palabras las expreso como un ciudadano común y preocupado que, cada vez mira menos televisión nacional, llegando a ver solo un par de noticieros. No es la falta de tiempo, achaque de los apresurados tiempos actuales. Es, como a muchos sucederá, el malestar por la desvalorizada parrilla de programación que nos ofrecen a los consumidores-televidentes. El género del reportaje casi ha desaparecido –hay excepciones dignas de reconocimiento como “Taromenane, el exterminio de los pueblos ocultos” de Carlos Andrés Vera o “Alfaro Vive Carajo, del sueño al caos” de Isabel Dávalos-. La producción nacional se mueve entre el humor grosero y de pacotilla y las dramatizaciones teñidas de rojo y poca ropa. Como un efecto de arrastre, los canales de televisión nacional se han contagiado del vergonzoso proceso de farandulización de los comunicadores. Hoy es la noticia del día los nuevos implantes de la “presentadora del programa” o la reconciliación de la bailarina con el “periodista deportivo”. Sangre y sexo alimentan a toda hora la programación, pese a la prohibición legal –artículo 49 de la Ley de Radiodifusión y Televisión- de que hasta las 9 de la noche la programación debe ser apta para todo público. La generalidad de la televisión nacional no había caído tan bajo como en los tiempos actuales.

El epígrafe que rotula este tema, ¿es necesaria la creación de una televisión de servicio público en Ecuador?, en principio y casi sin mayores reflexiones, provoca una respuesta positiva. Porque si partimos del hecho que el espectro radioeléctrico destinado a la radio y a la televisión está copado por los medios privados casi en un ciento por ciento y que, en su mayoría, miran a la audiencia como mercado con las consiguientes degradaciones, perversiones y desenfrenos de su programación, la posibilidad de contar con un canal alternativo con un objetivo idealista de educación y cultura, suena a música en medio del griterío generalizado de nuestra televisión nacional.

Ha sido característica, casi generalizada, a diferencia de la televisión europea, que la televisión en Latinoamérica, a partir de la década de los sesenta, ha sido privada con fines de lucro, en donde nuestro país es un ejemplo evidente de esta realidad. Excepciones a esta práctica nos dan los canales universitarios en Chile o parte de la televisión en Colombia con los canales Señal Colombia e Inravisión.

El camino para llegar a una televisión pública está lleno de buenas intenciones así como de grises nubarrones. Para aproximarnos a nuestra realidad ecuatoriana, cabe referirnos, en primer lugar, al marco histórico y legal en el que se desenvuelve el manejo de las frecuencias de radio y televisión.

Marco histórico y legal

El éter, ese espacio por el que viajan los sonidos y las imágenes hasta ser captados por nuestros sentidos pertenece al Estado. Es un recurso agotable y en el caso ecuatoriano, agotado. Desde la década de los sesenta, ha sido asignado para su explotación en base a contratos de concesión renovables, en principio, cada cinco años, luego y hasta hoy, cada diez años. Estas concesiones son permisos para operar esas frecuencias. A partir del año 1996, cuando el congreso nacional aprobó la Ley Reformatoria de Radiodifusión y Televisión, la atribución de esas concesiones paso a manos del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, Conartel.

Antes del Conartel, la potestad para otorgar concesiones era del gobernante o sus subalternos como el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones o el Director Nacional de Frecuencias que habrán sabido de sus cosas, pero desconocían en absoluto de la comunicación social. Al crearse este nuevo organismo, su estructura es mayoritaria para el gobierno. De esta manera: el presidente del ente es nombrado de manera directa por el presidente de la República, el ministro de Educación o su delegado, el representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Superintendente de Telecomunicaciones. De otro lado, también lo integran el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER, y el Presidente de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, ACTVE. Estos seis funcionarios son los encargados de, entre otras cosas, otorgar las concesiones.

El nacimiento de Conartel, sin embargo fue tardío. Para el año de su creación, 1996, los gobiernos anteriores, y en especial el de Sixto Durán Ballén, a través de Adolfo Loza, su Superintendente de Telecomunicaciones, habían agotado el espectro radioeléctrico para la radio y televisión nacionales, feriándolo a diputados, caciques políticos, contrabandistas y banqueros. Antes de aquello, ya existían seis canales con señal nacional: Ecuavisa, Teleamazonas, Telecentro –TC-, Telesistema –hoy RTS-, Gamavisión y Canal Uno que ocupan, toda la banda de televisión abierta o vhf. Es decir, no quedaba un solo hueco para otro canal desde hace más de dos décadas.

De otro lado, el marco legal de la televisión pública en Ecuador está registrado en el artículo 8 de la Ley de Radiodifusión y Televisión que define como estaciones de servicio público a aquellas “destinadas al servicio de la comunidad, sin fines utilitarios, las que no podrán cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza”. Sobre esta prohibición de transmitir publicidad comercial, cabe señalar que existe una sentencia, a finales de los años noventa, del Tribunal Constitucional que la declara inconstitucional. Por lo tanto, las estaciones públicas sí están habilitadas para autofinanciarse con avisos comerciales. El mismo artículo señala los objetivos generales de las estaciones de servicio público: fines sociales, educativos, culturales o religiosos.

Por otra parte, desde su creación en 1978, la ley obliga a los canales de televisión a destinar una hora diaria, de lunes a sábado, para programas educativos y de salud, según ordena el artículo 59, literal d. Han pasado casi treinta años y ningún gobierno, incluido el actual, ha aprovechado este espacio privilegiado que obliga a todas las estaciones de radio y tv. Es solo cuestión de imaginarse cuánto cuesta hoy una hora diaria en todas las radios y canales de televisión del país para darnos cuenta del colosal poder que se ha desaprovechado por parte del estado.

Con estos antecedentes históricos y legales, nos permitimos señalar una primera consideración: la creación, funcionamiento y financiación de un canal de televisión pública es absolutamente legal. Existe el marco jurídico que lo permite. Incluso, una posible prohibición para financiarse a través de avisos comerciales ha sido declarada inconstitucional y, por lo tanto, no existe.

La segunda consideración es de difícil y, quizás insalvable solución por ahora: no hay espacio en el dial, entre los del popular e histórico vhf –es decir, entre los canales 2 y 13- para la televisión pública. Queda la posibilidad en uhf, alguna vez llamada comercialmente y sin éxito como la fm de la televisión. No se necesita ser un erudito de las telecomunicaciones para darse cuenta de las debilidades técnicas de transmisión y recepción en uhf. Pero sobre todo, será muy complicado cambiar los hábitos del consumidor y estar ubicado en medio de una ensalada de canales locales o regionales y, generalmente, con una disminuida calidad de programación.

Habíamos señalado que todas las cadenas de televisión son privadas, que por lo tanto buscan el lucro a través de publicidad; lo que a su vez provoca la búsqueda incesante de mayores audiencias, es decir de rating, convertido, hoy por hoy, en el dios que ordena lo que se debe transmitir o no. Esa todopoderosa medición regulada por la empresa privada Ibope, en base a unos pocos centenares de audímetros, solo contempla a hogares de Quito y Guayaquil, que concentran menos de la cuarta parte del universo de televidentes ecuatorianos. Esos números dicen que, en esas ciudades, el noticiero más visto es el de TC, una especie de diario Extra en expresión audiovisual; o que el programa más visto en los últimos tiempos es el concurso-reality “Bailando por un sueño” de Gamavisión. Es triste decirlo, pero es muy cierto, que entre los diez programas más sintonizados por los guayaquileños y quiteños solo aparecen frívolas telenovelas, triviales partidos de fútbol e inútiles concursos realitys. Programas culturales o documentales educativos, casi no existen. El gradual deterioro de la calidad de la programación, nos lleva a creer que no cabe duda que los contenidos de la televisión nacional de hoy son los de menor calidad de todos los tiempos.

Entonces, parecería lógico que un canal de televisión público vendría a zarandear el status quo de mediocridad y a imponer una programación cultivada en los valores y dedicada a la educación y la cultura. Nada de eso. Está comprobado que, por lo general, se convierten en canales sintonizados por una minoría elitista y estos experimentos terminan desplomándose por otros factores como la incompetente preparación de la mayoría de profesionales de la comunicación que terminan reproduciendo los mismos errores antes anotados en la televisión privada, como lo señala en su blog Roberto Aguilar. En nuestro propio patio hemos vivido el caso de Radio Nacional del Ecuador, que transmitió hasta inicios de los años noventa en Quito, Guayaquil y Loja. Desapareció por autocombustión: antes que sus equipos de transmisión se apagaran por viejos y obsoletos y que su audiencia llegara a niveles insignificantes, sus contenidos habían caído en lo burocrático, indiferente, inexpresivo y vacío.

Resumimos lo que hemos hablado hasta ahora: hay un marco legal que viabiliza el proyecto; no hay frecuencia en vhf para la tv pública a no ser que se le ocurra al gobierno hacer lo mismo que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez; y, no hay garantía de una programación de calidad, renovadora, diferente y competente.

La clave: ¿Quién administra el canal de televisión?

Un asunto fundamental es el de su administración, en donde tenemos malos y buenos ejemplos. Entre los primeros volvemos a referirnos al caso venezolano, en donde el naciente canal TVes es dirigido a voluntad por el gobierno que dio su aporte inicial de cuatro millones de dólares y en el que cinco de sus directores fueron nombrados por Chávez, dejando dos puestos para representantes de productores independientes y de comités de usuarios. Como ocurría cuando de niños, el dueño de la pelota tiene el poder de armar su equipo de fútbol y hasta de ser el árbitro que toma la decisión final. Y entonces, el canal se ha vuelto oficial con todas las connotaciones y lesiones al derecho a estar bien informados. Para ejemplificar el asunto, las multitudinarias marchas universitarias de rechazo al cierre de RCTV y que derivaron en graves incidentes que dejaron varios heridos, no aparecieron en el noticiero del nuevo canal.

Volviendo a nuestro caso, según los primeros cálculos de la exsecretaria de comunicación Mónica Chuji, el presupuesto anual para la tv pública ecuatoriana es de 18 millones de dólares.

Según ella, “la propuesta es que la televisora ecuatoriana sea entretenida, culta, educativa, de alcance nacional, sustentable, megadiversa y pluricultural como los catálogos de turismo para promocionar el Ecuador”. Un asunto esencial todavía no se ha aclarado aún: ¿Quién o quiénes van a administrar y controlar el medio? Si se va a copiar el modelo de TVes de Venezuela, nada bueno para el televidente se puede advertir.

La otra posibilidad es que se cree un Consejo para la reforma de los medios de comunicación estatales, como lo hizo el Presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Este “comité de sabios” estuvo protegido de cualquier intrusión oficial y se conformó con dos catedráticos universitarios, un representante de productores de audiovisuales y otro del gremio de periodistas. El Consejo tuvo como cometido la elaboración de un informe sobre el régimen jurídico, incluido el modo de designación de sus órganos directivos, la programación y la financiación de los medios de comunicación de titularidad estatal. Hay que aclarar que la radio y televisión estatales españolas han sido financiadas con fondos públicos desde la era franquista, llegando a acumular un enorme déficit de 7 mil millones de euros al año 2005.

Los cambios se han notado en los contenidos de los noticieros de Televisión Español, TVE, dirigidos por el periodista Lorenzo Milá, en donde hay una escrupulosa neutralidad informativa que le ha devuelto el primer lugar de medición de audiencias entre los noticieros españoles. Antes de esta reforma, cuando José María Aznar estaba en el poder y no existía este consejo independiente, las manipulaciones de la información fueron evidentes a tal punto que el director del noticiero de entonces, Alfredo Urdaci, llegó a afirmar, a pocas horas de ocurrido, que el atentado del 11 de marzo era obra de ETA y, a día seguido, calló sobre las enormes manifestaciones contra Aznar por esconder la verdad sobre los autores de los atentados.

Para eliminar cualquier suspicacia de intromisión del gobierno de turno, el modelo de la BBC aparece como uno de los más idóneos: protegido por un estatuto a prueba de balas oficiales, el 80 por ciento de su financiamiento proviene de un canon pagado anualmente por los consumidores dueños de los televisores. Este impuesto es de 178,1 euros para los británicos. En otros países europeos con medios electrónicos estatales también se aplica este sistema. Por ejemplo, en Italia el dueño del aparato de televisión debe pagar 90,9 euros; en Francia, 116,5; y, en Alemania, 193,8 euros. Hay exoneraciones que se aplican a personas de tercera edad, jubilados y desempleados. La pregunta que usted y yo nos hacemos es ¿se puede aplicar este modelo en el Ecuador? Creemos que la respuesta es no, simplemente por la enorme resistencia a la cultura impositiva que todavía existe y por la pobreza que aflige a más del cuarenta por ciento de la población.

Quedan como posibilidades de financiamiento, aparte de las subvenciones públicas con sus peligros latentes, los ingresos publicitarios y la venta de programas, asunto que somete al medio a los ya señalados peligros de convertir a la audiencia en mercancía entregada al rating y a las presiones sutiles o directas de los grandes anunciantes.

A manera de conclusión, para los que estamos hasta la coronilla con las vulgaridades que nos presentan Maritere, Marián o Mariela; para los que no soportamos un segundo novelas tan bobas como "Gata Salvaje" o "Rebelde"; para los que estamos hartos de tanto brujo-estafador que roba aprovechando su charlatanería; o, para quienes no aguantamos a Johnatan Carrera con su prosa necrofílica, el proyecto de televisión pública que quiere llevar adelante el presidente Rafael Correa, suena a antídoto ante tanta programación de pésima calidad que hoy impera en la tv nacional.

Por eso, debemos apostar por una televisión que garantice el derecho a la información de los ciudadanos. Que se convierta en una vía de acceso a la cultura, a la educación, al entretenimiento, al cine. Una televisión que forme en sentido cívico y en valores. Que contribuya a generar una conciencia crítica colectiva. Que juegue un papel de defensa de la democracia y de la convivencia internacional.

Como se ve, la tarea es enorme si se quiere hacer una comunicación social distinta a la vulgar y decadente que hoy tenemos. Hay que apostar por una televisión pública ecuatoriana sin ninguna intrusión de los gobiernos para que no se diga, lo que hemos leído en un blog acerca de este proyecto, que sería la nueva RCTV, es decir, Rafael Correa TV.